La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión de México, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), avaló modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los temas relativos al maíz transgénico, el agua, concesiones de minería y el fracking.
De acuerdo con lo publicado en su portal, “se instituye que el maíz, elemento de identidad nacional, como alimento básico destinado al consumo humano y su cultivo deben ser libres de transgénicos y de cualquier otra modificación genética”.
Además, establece que “el Estado, al fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, sea libre de cultivos y semillas de maíz transgénicas y todas aquellas genéticamente modificadas”.
Cabe mencionar que el maíz para consumo humano –el maíz blanco– no está genéticamente modificado y, se produce en su totalidad en el país. Sin embargo, México es el mayor importador de maíz amarillo –genéticamente modificado– del mundo, que se usa para alimentos balanceados y otros productos como el almidón. Su principal proveedor es Estados Unidos. Por ejemplo, solo en esta semana pasada el U.S. Grains Council notificó exportaciones de 447,600 t de maíz a México.
Impacto en la industria de alimentos balanceados
A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se establece que el ingreso al país de maíces genéticamente modificados con destino distinto al consumo humano propone que únicamente debe permitirse como maíz quebrado, grano fragmentado, de manera que carezca de capacidad para germinar. De esta manera, la industria de alimentos balanceados quedaría directamente impactada.
No obstante, proponen salvedades, en el sentido de que “la modalidad de maíz quebrado puede exceptuarse siempre que se cuente con una evaluación de los riesgos a la salud que tenga en cuenta las prácticas de consumo, diversificación, resguardo, comercialización, industrialización y distribución que puedan provocar la mezcla con maíces libres de esta tecnología; las prácticas de cultivo, el medio ambiente y la biodiversidad agrícola, la diversidad de la población mexicana y sus patrones de consumo, y las características que hagan factible la trazabilidad de las medidas relacionadas para la inocuidad de su uso en territorio mexicano”.
Con esta propuesta, en la que se habla de cuidar la diversidad genética, proteger la alimentación sana y segura, de recobrar la soberanía nacional, es decir, una mezcla de muchos conceptos, destacan que “declarar al país libre de maíz genéticamente modificado es un acto de soberanía alimentaria”, cuando en realidad lo llevaría a una mayor dependencia e inseguridad alimentaria.
Esta propuesta no toma en cuenta el gravísimo problema que sería para la industria de alimentos balanceados en cuanto al costo extra de quebrar el maíz, su manejo, transporte y almacenamiento, así como el enorme riesgo de contaminación por micotoxinas e insectos, absorción de humedad, entre otros.
Cabe mencionar que la propuesta aún no se ha implementado en la Constitución. La industria mexicana en general va a enviar sus comentarios a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
