Sin ánimo de entrar en controversias políticas ni mucho menos profundizar en nombres o marcas, quisiera reseñar grosso modo un particular caso vivido esta semana en Argentina, a propósito de las medidas sanitarias que se están tomando en ese país con motivo de la influenza aviar.
La autoridad sanitaria, dentro de lo que se supone es su quehacer técnico-científico, determinó el sacrificio preventivo de unas 200 mil gallinas en un plantel. Los trabajadores de la granja se rebelaron porque consideraron excesiva la medida, no sustentada en suficiente evidencia y por ver en riesgo su estabilidad laboral.
Hasta el momento en que escribo esto, un juez intervino, detuvo preventivamente la aplicación del procedimiento sanitario y decidió acompañar una nueva toma de muestras. El episodio, que podría parecer pintoresco, puede tornarse muy peligroso para la sanidad del país si se vuelve norma. ¿Jueces saben más que los técnicos? ¿La sanidad depende de la presión de grupos de interés?
Pero bueno, vamos al punto que titula este comentario. ¿Quién asume las pérdidas por brotes de influenza aviar o cualquier episodio sanitario catastrófico? Lo primero que habría de decir es que cualquier modelo que se adopte para afrontar ese tema debe definirse en “tiempos de paz”, no cuando la tragedia llega.
Ahora, con la amenaza en la puerta o el virus ya adentro, es algo patético pedir préstamos blandos, pólizas de seguro extraordinarias o compensaciones no pactadas. Si como rubro no hubo la suficiente unión y previsión, el sálvese quien pueda pareciera lo más justo, tanto para la bonanza como para la escasez. Perdónenme la crudeza.
¿Qué se puede hacer entonces de cara a la siguiente epidemia? Montar esas líneas de crédito, gestionar esas pólizas y definir fondos para compensaciones, claro está, pero todo dentro de un esquema integral de bioseguridad. Es decir, nadie va a otorgar créditos, expedir pólizas ni aportar a un fondo común para compensaciones, si la bioseguridad es apenas una opción de pocos.
Urgen entonces los acuerdos para certificar en la materia, con avales técnicos rigurosos y consensuados. La autoridad sanitaria debe gozar de prestigio y respeto, con herramientas y personal suficientes e idóneos para la vigilancia, detección y tratamiento. No hay más. Es lo que toca.
En Colombia, el Fondo Nacional Avícola (Fonav) aporta recursos y técnicos para las tareas de vigilancia y control sanitario, gracias a dineros que se recogen por cada pollito y pollita de un día que compran los avicultores colombianos. El ICA, la autoridad sanitaria, dispone de algunos recursos para compensaciones, que por ahora han sido suficientes para atender 46 brotes en aves de traspatio.
En total, se ha destinado el equivalente a $245.000 dólares para compensar el sacrificio de 50.000 aves (más de 30.000 en un solo episodio preventivo con ponedoras). Pese a ello, los gestores sanitarios se han encontrado con algunas respuestas hostiles de pequeños productores, que no quieren perder sus aves y que incluso quieren su plata antes de que estas sean sacrificadas, como si los técnicos la llevaran consigo en sus diligencias.
¿Qué pasará si, Dios no lo quiera, la influenza aviar llegase a un plantel industrial enorme? Si se descuida la bioseguridad, no habrá fondo de compensación que resista, en Colombia o en cualquier parte. El sistema debe prevenir esto, basado en un sólido manejo sanitario, que incluya compensaciones, claro está, porque sin este respaldo, poco incentivo habría para las alertas y apoyo a las gestiones de vigilancia pasiva. Ahí perderíamos todos.
