Chile y su batería de medidas contra estragos de influenza aviar

El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) confirmó el cumplimiento de todas las acciones, vigilancia y plazos establecidos por la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) para poder declarar como cerrados los focos de todos los planteles comerciales afectados por casos positivos de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP).

A la par con este anuncio, que busca recuperar la capacidad exportadora de su avicultura (principalmente de carne de pollo y pavo), el gobierno y el sector privado chileno acordaron medidas adicionales de respuesta ante los casos ya presentados y aquellos que se lleguen a dar en el futuro.

En primer lugar, el mismo SAG expidió la resolución 2114 del 29 de julio de 2023, con la cual fue creado oficialmente el «Sistema Nacional de Bioseguridad para Establecimientos Pecuarios», cuyo objetivo es mantener e incrementar el estatus sanitario de los principales rubros animales y asegurar la calidad sanitaria de los productos derivados de estos sistemas.

Dado el impacto de la contingencia de la IAAP en Chile, el SAG priorizó la puesta en marcha de este sistema en el rubro avícola, mediante dos manuales y sus respectivas pautas de verificación, aprobados a su vez por la Resolución 4534/2023. En los manuales se detallan las acciones que los establecimientos avícolas (según su estrato de producción) deberán cumplir en un plazo máximo de un año.

De otro lado y según informó la gremial Chilehuevos, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) entregará recursos económicos a las empresas avícolas afectadas por IAAP, destinados a facilitar asistencia técnica e inversión para su recuperación productiva (hasta por 70 millones de pesos chilenos, US$ 82.000). Adicionalmente, Banco Estado desarrollará instrumentos bancarios específicos para estas empresas que les permitan acceder a créditos con garantías especiales.

También se buscará implementar una línea de seguros para productores de huevos a través de Agroseguros, la institución del Ministerio de Agricultura que desarrolla y administra instrumentos de gestión del riesgo con subsidio estatal para el sector productivo. “En este sentido, la Subsecretaría de Agricultura está solicitando recursos a través de la Ley de Presupuestos para financiar esta iniciativa”.

Finalmente, a todo lo anterior se suma el establecimiento de una red de vigilancia y alerta temprana a través de una mesa público-privada, que permitirá contar con análisis de riesgos y de control en conjunto con el SAG y los productores avícolas, de manera que sirva para avanzar en un monitoreo periódico del trabajo y fortalecer las medidas de bioseguridad y prevención que se consideren necesarias.

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