La Sociedad de Activos Especiales (SAE), organismo gubernamental colombiano dedicado a la administración de bienes incautados a la delincuencia organizada, entregó recientemente la granja avícola Salomé a una sociedad que representa más de 1.500 familias reconocidas legalmente como víctimas de grupos paramilitares.
La instalación, dedicada al engorde de pollos, está ubicada en jurisdicción del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca (occidente de Colombia), y hacía parte de un complejo agroindustrial mayor llamado granja Alto Cauca, en la otrora hacienda San Carlos.
Esta propiedad, según relata la misma SAE, habría sido adquirida a finales de los años 1980 por Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín. Posteriormente, pasaría a manos del Clan Castaño, que lideraba la organización paramilitar que azoló la región en la década de 1990, llamada Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que “desde la granja Salomé se planificaron, en otra época, 117 masacres. Luego, se instaló una sociedad denominada Gavigan con un modelo de negocio de engorde de pollos, el cual pertenecía a Oswaldo Marín, hijo de Belcy Gómez Murcia, alias la Señora, quien será extraditada a los EE. UU. Este gobierno le transfirió el negocio a la comunidad para que asuma su funcionamiento”.
El pasado 10 de agosto, momento de la incautación por parte de las autoridades, sus diez galpones se encontraban en mitad del ciclo productivo de 400.000 pollos de engorde, buena parte de los cuales serían adquiridos por Cargill, la multinacional que lidera el mercado de la carne de pollo en Colombia, principalmente a través de la marca Bucanero.
“Bucanero, como empresa privada, tenía un contrato vigente cuando fue incautada la sociedad de granja Salomé. Teniendo en cuenta que el lote de aproximadamente 400 mil pollos no había terminado su ciclo de 42 días en el momento de la incautación, fue necesario realizar negociaciones para mantener el contrato y asegurar la alimentación de los animales y dar por cerrado el negocio previamente contratado”
En adelante, la actividad avícola en ese predio estará a cargo de la asociación de campesinos negros (Fundamerca), que recibió la granja mediante la figura de “gerencia popular”, con el que se pretende lograr “la rentabilidad social y económica a través de una entrada articulada del Estado con inversiones y apoyos concretos en la zona”.